Por Marcelo Mena, Jorge Canals, Annie Dufey, Alexandre Sánchez, Javier Bravo
En los últimos años Chile ha experimentado un crecimiento explosivo de energías renovables. El año 2013 nuestra matriz energética solar y eólica era prácticamente inexistente. Sin embargo, para el año 2022, estas dos últimas fuentes superaron el 30% de nuestra energía eléctrica, aportando un poco más de un tercio de lo que consumimos.
No obstante a este explosivo incremento, y en medio de una creciente actividad regulatoria en esta materia (Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, Ley de Eficiencia Energética, Ley de Electromovilidad, Ley de Cambio Climático, entre otras), nos hallamos frente a una incapacidad histórica de reformar el SEA, donde en los dos últimos gobiernos ninguna reforma ha sido capaz de avanzar y ser aprobada, pese a la abundante literatura y críticas a la institucionalidad vigente.
Aquellas son de larga data. Algunas de estas responden a un problema histórico en las votaciones de los Comité de Evaluación Ambiental Regionales (COEVA), donde en las votaciones los Seremis no siempre suelen basarse en aspectos técnicos, sino más bien, las decisiones se toman en función de presiones políticas (Ministerio de Medio Ambiente). Al contrario, los procesos judiciales en Tribunales Ambientales a la hora de evaluar los proyectos judicializados no hacen referencia a las votaciones políticas para su toma de decisiones, sino que lo hacen en base a los antecedentes técnicos.
Por su parte, otros problemas recurrentes dicen relación con los largos períodos de tramitación, así como que las instancias políticas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Comité de Evaluación Ambiental y Comité de Ministros), le entregan redundancia al proceso de evaluación, demoras innecesarias e incertidumbre (Ministerio de Medio Ambiente).
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