Chile es uno de los países con mayor disponibilidad de agua per cápita a nivel mundial. A escala nacional, cuenta con aproximadamente 680 km³ de agua al año, un volumen que permitiría llenar aproximadamente 1.000 embalses del tamaño de Lago Rapel en el mismo periodo.
Pero esa abundancia y disponibilidad hídrica no se distribuye de manera equitativa, y en la zona central —donde se concentra gran parte de la población y la actividad productiva—, la escasez se ha vuelto parte de la vida cotidiana.
En la región de Valparaíso, la cuenca del río Aconcagua da cuenta de esta paradoja. Se trata de un sistema altamente demandado donde, pese a que el agua sostiene ciudades, cultivos e industrias, los recursos hídricos son cada vez más limitados.
Como muestra la figura 1, desde 2010, la cuenca presenta niveles de estrés hídrico superiores al umbral extremo (100%), debido a factores climáticos y al uso intensivo del agua. En la práctica, esto significa que se está utilizando más agua de la que el sistema puede reponer.
Parte de esta presión se explica por el sobre otorgamiento de derechos de agua. Es decir, existe más agua asignada legalmente que la efectivamente disponible en la cuenca. La brecha entre el agua “en papel” y el agua real se traduce en un déficit hídrico sostenido, que ha provocado la disminución de caudales y el descenso de los niveles de agua subterránea, comprometiendo las reservas futuras.
En este contexto, no todos enfrentan la escasez de la misma manera. Mientras algunas actividades productivas logran mantener su funcionamiento, hay comunidades que dependen de camiones aljibe para acceder a recursos hídricos, viendo vulnerado su derecho de acceso al agua. Sin embargo, tal escasez no solo afecta a los seres humanos sino que también impacta a los ecosistemas. La reducción de caudales limita la capacidad de sostener la biodiversidad y de proveer servicios ecosistémicos esenciales.
A esta situación, se suma la presión derivada de cambios en el uso del suelo, como la expansión urbana y agrícola que incrementan la demanda hídrica y agravan el desequilibrio. En un sistema interconectado, cada intervención tiene efectos que se acumulan en el tiempo.
A nivel país, la extracción total de agua alcanza cerca de 100 km³ por año. De este total, los usos consuntivos —cuando el agua no retorna al sistema— se concentran principalmente en la agricultura de riego y la silvicultura, representando aproximadamente el 75 %.
En la cuenca del Aconcagua, como muestra la figura 2, la mayor parte del agua también se utiliza en la agricultura, acaparando el 77%. Contrastando con el 6% que se utiliza como suministro de agua potable para las comunidades.
Frente a este escenario, el desafío y la solución está en una correcta e integral gestión de cuenca. Para avanzar hacia una gobernanza integral, es necesario generar espacios intersectoriales vinculantes que reúnan al sector público, privado, la sociedad civil y la academia, y que vayan más allá del diálogo para permitir una coordinación efectiva, concreta y tomar decisiones basadas en el territorio.
Iniciativas como “Cerrando la brecha de acceso al agua”, en la que participa el Centro de Acción Climática PUCV, buscan precisamente ese objetivo: desarrollar estrategias de adaptación y gobernanza desde un enfoque colaborativo, integrando conocimiento científico y experiencia local.
La cuenca del Aconcagua refleja que la crisis hídrica en Chile no es únicamente consecuencia del cambio climático, es también, de una regulación y gestión ineficiente.
La salud de los ecosistemas no es un tema aislado, de ella dependen la seguridad hídrica, la producción de alimentos y la vida cotidiana de millones de personas. Es por ello que, En el Día Mundial del Agua, el llamado es claro: avanzar hacia una comprensión integral de las cuencas.
