En medio de la transición energética y el auge de la industria de la desalación en Chile, profesionales del CAC PUCV, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y docente de la Universidad Santiago de Chile participaron en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado para aportar al debate legislativo desde una mirada que integra ciencia y políticas públicas.
La intervención se realizó el día 3 de septiembre del 2025 y el objetivo principal fue poner sobre la mesa la necesidad de integrar la industria del hidrógeno verde en la planificación de la desalinización, así como aportar al debate sobre el proyecto de ley que busca regular esta actividad. La sesión se transmitió en vivo y se puede revisar aquí.
Los abogados Alexandre Sánchez y Javier Bravo, del área de políticas públicas del Centro de Acción Climática PUCV (CAC PUCV), presentaron el policy brief “Hidrógeno verde y proyecto de ley sobre desalinización de agua de mar: desafíos regulatorios y oportunidades estratégicas”, elaborado en el marco del proyecto Anillo H2IN financiado por ANID, el cual evaluó de forma integral y multidimensional la cadena de valor del hidrógeno verde para impulsar la transición energética en Chile. Lo anterior, ampliando la información y brindando herramientas para la toma de decisiones informadas en el sector público y privado.
La exposición también contó con la participación del Dr. Yunesky Masip, académico de la Escuela de Ingeniería Mecánica PUCV, investigador del CAC PUCV, líder del proyecto H2IN y coautor del documento, junto al Dr. René Garrido, académico de la Universidad de Santiago de Chile, ambos intervinieron de manera online. La comisión fue presidida por Juan Castro Prieto y compuesta por los senadores Tomás de Rementería Venegas, Sergio Gahona Salazar, Carlos Kuschel y Yasna Provoste.
Yunesky Massip señaló que “este nexo entre academia y políticas públicas es fundamental, porque desde la universidad podemos aportar evidencia científica, proponer soluciones y anticipar riesgos, contribuyendo a que las decisiones del país se tomen con base en el conocimiento”. El académico destacó también la visión integral sobre desafíos hídricos, energéticos y ambientales que guió el proyecto.
Respecto a las condiciones actuales para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde, el Dr. René Garrido, señala que hay un detalle, ya que “todos los proyectos de hidrógeno verde que actualmente están en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental contemplan el uso de agua subterránea mientras se encuentra el proceso de construcción de las desaladoras”. Poniendo en evidencia una vez más la necesidad de conversación y coordinación entre industrias considerando el contexto actual de escasez hídrica y cambio climático.
Respecto a la intervención, la senadora Provoste felicitó la iniciativa por “acercar cada vez más la investigación académica-científica a los desafíos legislativos”. Señaló también su preocupación sobre el impacto ambiental sinérgico que han venido planteando anteriormente a propósito de los efectos acumulativos.
El presidente de la comisión, Juan Castro Prieto, realizó una serie de preguntas a los invitados, expresó sus dudas y preocupaciones respecto al tema. Señaló la importancia de conocer el caso de la desalinización en la cuenca del Mediterraneo y de considerar diversos aspectos como los impactos acumulativos, líneas de base, uso de aguas reutilizadas, concesiones marítimas, ejemplos de infraestructura compartida y la experiencia de quienes están impulsando los 73 proyectos actuales de desaladoras en Chile.
El vínculo entre agua y energía
El objetivo central de la intervención fue poner sobre la mesa la necesidad de integrar la industria del hidrógeno verde en la planificación de la desalinización, así como aportar al debate sobre el proyecto de ley que busca regular esta actividad.
Más del 85% de los proyectos de hidrógeno verde previstos podrían necesitar abastecerse de agua mediante desalinización. Por ello, los expertos advierten que urge una regulación que contemple ambas dimensiones.
La discusión legislativa sobre desalinización de agua de mar comenzó en 2018 con el fin de regular esta incipiente industria. Sin embargo, el proyecto no contempla de manera explícita el uso del agua desalinizada para la producción de hidrógeno verde.
Recomendaciones al Senado
En cuanto al Policy Brief, Masip, señala que “es un ejemplo concreto de cómo la investigación universitaria puede aportar insumos técnicos y estratégicos a las políticas públicas, asegurando que Chile avance en su transición energética con criterios de sostenibilidad y justicia social”.
El documento presentado incluye una serie de propuestas para robustecer la ley:
Gestión integrada de cuencas: La desalinización de agua de mar debe integrarse como un componente más dentro de la gestión integral de los recursos hídricos a nivel de cuenca y no abordarse como un sistema aislado o independiente.
Articulación con otras políticas hídricas: Incluir la desalinización en los Planes de Adaptación de Recursos Hídricos y en los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de las distintas cuencas del país, además de diseñar una Política Nacional de Desalinización coherente con los desafíos del cambio climático.
Sinergia con el hidrógeno verde: Alinear la futura legislación sobre desalación con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y las facultades del Ministerio de Obras Públicas en la construcción de plantas, promoviendo estándares de sostenibilidad ambiental y social.
A medida que se consolidan los proyectos de hidrógeno verde en Chile, se requiere una integración clara de las políticas de desalinización con las estrategias energéticas del país, particularmente en el desarrollo de plantas desalinizadoras dedicadas al abastecimiento de estos proyectos.
Con estas recomendaciones, la PUCV busca aportar evidencia científica y propuestas concretas a la tramitación legislativa, subrayando que el futuro del hidrógeno verde en Chile dependerá no solo del desarrollo tecnológico y energético, sino también de una gestión integrada del agua capaz de responder a los desafíos climáticos y de consolidar al país como referente en transición energética sostenible.
