Un análisis elaborado por Marcelo Mena Carrasco, académico PUCV, director de mitigación del CAC PUCV y ex ministro del Medio Ambiente, propone modificar la Ley 20.780 para eliminar la exención del impuesto verde a los vehículos de carga y transporte, con el fin de corregir una falla de diseño legislativo.
El impuesto verde, establecido en el Artículo 8 de dicha ley, es un cobro que se aplica a los automóviles nuevos con el objetivo de incentivar el uso de tecnologías menos contaminantes. Sin embargo, la normativa actual excluye a los vehículos destinados a carga y transporte, que en la práctica corresponden mayoritariamente a camionetas diésel.
El problema: Una falla tributaria que erosiona la recaudación
Esta exención ha generado una pérdida fiscal millonaria. El estudio revela que el grupo exento representó el 26% de los vehículos nuevos en 2025, pero emitió casi la mitad (49%) del óxido de nitrógeno (NOx) de todo el mercado. A pesar de que este segmento concentra a los modelos que conforman el cuarto más contaminante de la flota nueva, actualmente no tributa.
Debido a esto, la investigación advierte que entre 2015 y 2025 el Estado chileno dejó de percibir US$1.384 millones entre 2015 y 2025, cifra superior a lo que el impuesto efectivamente ha recaudado (US$957 millones) en el mismo periodo.
¿Por qué ahora? El impacto de la norma Euro 6
Actuar lo antes posible es crucial porque la base tributaria está perdiendo fuerza. La norma Euro 6 (que rige en Chile desde 2022 para vehículos livianos y medianos) obliga a incorporar tecnología que reduzca las emisiones. Si bien esto es un avance, ha perjudicado la recaudación.
Con esta regulación, el gravamen que correspondería a una camioneta diésel típica cayó un 53%, de US$2.991 a US$1.391, lo que en efecto abarata la compra de estos modelos que, a pesar de cumplir con la nueva norma, siguen representando el segmento que más perjudica la calidad del aire.
La propuesta de modificación busca que los compradores particulares que adquieren estos vehículos para uso personal paguen el impuesto, protegiendo a los verdaderos operadores de transporte de carga y pasajeros registrados a través de un sistema de devolución focalizada, en reemplazo de la actual exención categórica.
5 propuestas para una reforma integral
Para corregir esta distorsión y mejorar la salud pública, se plantean las siguientes medidas:
- Derogar la exención comercial con gradualidad de tres años: Aplicar el impuesto mediante un cobro único a todos los vehículos livianos y medianos de manera equitativa, y para evitar un impacto abrupto en los precios, el cobro se implementará de forma escalonada.
- Actualizar la fórmula y elevar el coeficiente de NOx de 120 a 180: Un valor que no se ajusta desde el año 2017, recuperando la eficacia del gravamen.
- Indexar el coeficiente e incorporar una cláusula de revisión: Fijar por ley una revisión periódica y establecer que el cálculo se revise cada tres años. De este modo, el tributo no quedará obsoleto ni dejará de recaudar a medida que evolucionen las tecnologías de los motores.
- Proteger al usuario comercial mediante una devolución: Devolución exclusiva a PYMEs y transportistas reales. La propuesta busca que todos paguen el impuesto mediante un cobro único en la automotora. Posteriormente, se generará una devolución focalizada solo para operadores comerciales de carga y pasajeros registrados. Así, se protege la actividad productiva y al verdadero trabajador, sin regalarle un beneficio estatal al comprador particular.
- Invertir en renovación de flota y transporte público: Quitar esta exención generará entre US$100 y US$150 millones adicionales al año. Destinar parte de ese dinero a incentivos de chatarrización para vehículos comerciales anteriores a Euro 5 y al transporte público regional. Así, lo recaudado vuelve a la ciudadanía en forma de aire más limpio.
Si bien el estudio tiene limites de análisis, y el mercado y los compradores pueden responder de forma imprevisible, la evidencia es clara: Un cuarto de los vehículos nuevos, que concentra la mitad del NOx de la flota nueva, no paga nada, e incorporarlos a la base prácticamente duplicaría el instrumento. Es relevante que desde la academia se aporte al debate legislativo con soluciones concretas que concilien el equilibrio fiscal, la protección a las pequeñas empresas y el derecho de la ciudadanía a habitar ciudades con un aire más limpio.
