A primera vista, un humedal puede parecer un terreno “desaprovechado”. En debates sobre desarrollo urbano suelen verse como espacios improductivos o como obstáculos para la expansión de la ciudad, especialmente cuando se discuten proyectos habitacionales. Las organizaciones científicas y socioambientales han trabajado constantemente por concientizar sobre el enorme valor de estos ecosistemas, una discusión que ha cobrado especial relevancia ante recientes declaraciones de políticos. Sin embargo, quienes no consideran prioritarias la biodiversidad o la protección ambiental pasan por alto otro punto también importante: los humedales son infraestructuras naturales que cumplen funciones críticas para la seguridad, la economía y la calidad de vida de las personas.
Los humedales ayudan a reducir el impacto de inundaciones porque absorben y almacenan grandes cantidades de agua, permiten que esta se infiltre en el suelo y ralentizan su circulación, algo que el cemento y las superficies construidas dificultan. Además, actúan como una barrera natural frente a marejadas, oleaje e inundaciones, disminuyendo la fuerza y el alcance del agua cuando llega a zonas urbanas o habitadas. Esto quedó en evidencia durante el tsunami de 2010 en la región del Biobío, donde las zonas con humedales conservados registraron un menor avance de la inundación que aquellos sectores donde los humedales habían sido rellenados o canalizados.
El valor económico de esta protección se ha medido en distintos lugares del mundo. Un estudio sobre los efectos del huracán Karl en Veracruz-Boca del Río estimó que la urbanización sobre humedales provocó pérdidas por más de USD 150 millones. En EE.UU., los humedales costeros aportan USD 23.200 millones anuales en protección frente a tormentas e inundaciones. A nivel global, los manglares (un tipo de humedal tropical) ahorran más de USD 65 mil millones al año en daños; sin ellos, se estima que cada año habría 15 millones más de damnificados por tormentas e inundaciones.
Diversos estudios indican que proteger y restaurar humedales resulta más rentable que construir infraestructura para controlar inundaciones. Por cada dólar invertido en estos ecosistemas, los beneficios económicos pueden multiplicarse entre 3 y 7 veces. Además, estas estimaciones probablemente se quedan cortas, porque suelen considerar solo los daños evitados por inundaciones y no otros beneficios que entregan los humedales.
Además de prevenir inundaciones, los humedales entregan muchos beneficios económicos, sociales y ambientales. Capturan y almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema, ayudando a mitigar el cambio climático, y filtran nutrientes y sedimentos, mejorando la calidad del agua y reduciendo costos de tratamiento. También recargan las napas subterráneas y ayudan a mantener caudales mínimos durante sequías, algo especialmente valioso en la zona centro de Chile donde la escasez hídrica es un problema cada vez mayor. A esto se suma su importancia como un hábitat irremplazable para aves migratorias y endémicas, anfibios, peces y hongos, que añade un gran atractivo para actividades de recreación, turismo y educación.
En las ciudades, los humedales ayudan a enfriar las islas de calor, zonas donde el cemento y el asfalto suben la temperatura al acumular calor. Además, mejoran la salud de la población, reducen la necesidad de construir áreas verdes artificiales e incluso pueden aumentar el valor inmobiliario del sector.
Un estudio internacional calculó que el valor económico de estos servicios ecosistémicos es de aproximadamente USD 135.000 por hectárea al año. Esto se suma al valor de la prevención de daños por inundaciones. Aunque no es una cifra exacta, muestra algo importante: la pérdida económica al destruir un humedal es mucho mayor a la ganancia inmediata por construir en ese terreno.
Una parte importante del debate reciente se ha centrado en la construcción de viviendas en terrenos de humedales rellenados, especialmente proyectos de vivienda social. El suelo que se “gana” genera un beneficio económico inmediato para la inmobiliaria, pero acaba causando grandes gastos al Estado en obras de protección, reparación y gestión de emergencias. El costo también se traslada a los hogares, por lo que utilizar estos terrenos para viviendas sociales significa poner en riesgo a familias vulnerables, quienes menos pueden pagarlo. En muchos casos, los largos tiempos de espera en el acceso a vivienda no se deben únicamente a regulaciones ambientales como la ley de humedales urbanos, sino también a problemas de gestión de proyectos, disponibilidad de suelo, financiamiento y extensos procesos administrativos. De hecho, varios especialistas han cuestionado atribuir la crisis habitacional exclusivamente a la protección de humedales, señalando que estos retrasos tienen causas estructurales mucho más amplias.
En el contexto de la crisis climática, proteger los humedales no va en contra del desarrollo urbano. Al contrario, otorga beneficios difícilmente reemplazables, y permite evitar costos humanos y económicos que terminan pagando las ciudades y sus habitantes. Lejos de ser solo terrenos húmedos e improductivos, estos ecosistemas únicos funcionan como infraestructura natural esencial para construir ciudades más seguras, resilientes y habitables. Ignorar su valor no solo implica una enorme pérdida ambiental, sino también una decisión económicamente ineficiente.
Por: Noah Buccolini. Estudiante de Licenciatura en Biología PUCV y pasante CAC PUCV.
